Seis aspirantes disputan la Contraloría
Estos son los seis aspirantes que integran la nómina final:
Giovanni Castellanos, actual subcontralor de Calidad del Gasto
Élfego Castañón, actual subcontralor Administrativo
Luis Antonio Marroquín, actual director de Probidad de la CGC
Marco Antonio Vélez, actual asesor de Bode en la CGC
Óscar Alberto Hernández, exfuncionario de la SAT
Julio Otoniel Roca, actual integrante del directorio de la SAT
Castellanos y Castañón, los subcontralores, avanzaron a la última etapa incluso con las denuncias de nepotismo que recibieron durante el proceso. Los comisionados los eligieron pese a que, por mayoría, rechazaron las pruebas con las que ambos candidatos buscaban desvirtuar esas tachas.
Por Castellanos votaron 18 comisionados: Nidia Gramajo, Bárbara Gómez, Arlindo Velásquez, Arnulfo Delgado, Byron Cóbar, Ahmed Abdallá, Milvia Elías, Gerson Tobar, César Sarat, Harry Waight, Wilberto Rojas, Abigail Roblero, Óscar Paiz, Elizabeth Navarro, Reyna Mérida, Henry Mencos, Wendy Martínez y Mayra López.
Por Castañón votaron 21 comisionados: Bárbara Gómez, Arlindo Velásquez, Arnulfo Delgado, Byron Cóbar, Luis Cal, Víctor Álvarez, Ahmed Abdallá, Juan Alexander Sac, Miquel Cortés, Milvia Elías, Gerson Tobar, César Sarat, Harry Waight, Wilberto Rojas, Abigail Roblero, Óscar Paiz, Elizabeth Navarro, Reyna Mérida, Henry Mencos, Byron Mejía y Wendy Martínez.
Los dos subcontralores fueron nombrados por Bode luego de ganar la elección en 2022.
Giovanni Castellanos, subcontralor de Calidad del Gasto (18 votos de 27)
Encargado de las auditorías que evalúan si los proyectos del Estado cumplieron sus objetivos
Suma 34 años en la Contraloría
Denunciado por supuestamente influir para que Ana Lucía Ortiz, con quien tiene un hijo, subiera de puesto en la institución
Señalado de alterar una certificación académica de la Usac en su expediente: está fechada el 28 de agosto, aunque la presentó el 25
Élfego Castañón, subcontralor Administrativo (21 votos de 27)
Responsable de revisar el funcionamiento interno de la CGC
Hermano de Duvalier Castañón, diputado del extinto partido Semilla y afín al presidente Bernardo Arévalo
También denunciado por presunto nepotismo: su esposa, Liliana Aracely Fuentes, pasó de auditora a supervisora poco después de que él asumiera como subcontralor
Marroquín y Vélez también son perfiles cercanos a Bode, aunque con puestos de menor peso dentro de la Contraloría.
Luis Antonio Marroquín, director de Probidad (22 votos de 27)
Investiga las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios
Pese a esa tarea, fue denunciado por errores de horario en una de sus propias declaraciones
En 2022 también buscó ser contralor general
Marco Antonio Vélez, asesor (19 votos de 27)
Está contratado desde 2025
Antes fue asesor en el Congreso, la PDH, el Mingob y el Maga
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei dirigió Correos y Telégrafos
También quiso ser contralor en 2018 y en 2022
A diferencia de los primeros cuatro, Roca y Hernández vienen de la SAT.
Julio Otoniel Roca (18 votos de 27)
Arévalo lo nombró en el Directorio de la SAT en 2024
Fue gerente general del Comité Promejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala
También fue finalista en las elecciones de contralor de 2022 y 2018
Óscar Alberto Hernández (19 votos de 27)
Acumuló 20 años de carrera en la SAT
En 2025 compitió para ser superintendente, pero quedó en tercer lugar
Una de sus asesoras fue Luz Hernández, esposa del diputado Mynor De la Rosa, quien llegó al Congreso con Vamos y fue secretario privado de Giammattei
De esta lista de seis, la mayoría del Congreso debe votar por un ganador antes del 13 de octubre. La negociación ocurrirá en paralelo a los cabildeos por el presupuesto estatal y por la Junta Directiva del Legislativo para 2027, año electoral.
Quien resulte electo como contralor general durará cuatro años en el cargo. En las elecciones de 2027 tendrá un poder clave: firmar los «finiquitos» que necesita todo candidato que haya sido funcionario para demostrar que no debe cuentas al Estado. Ese trámite puede convertirse en un arma política para eliminar perfiles de la contienda.